Con el fin de garantizar la seguridad en las edificaciones que se adelantan en Valledupar, la Oficina Asesora de Planeación en cabeza de Aníbal Quiroz Monsalvo exige a los constructores la aplicación de la Ley 1796 de 2016, conocida como ‘Anti Space’.
Ésta empezó a regir desde el pasado mes de julio y establece medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento en la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos.
“La ley plantea que, concluidas las obras, el supervisor técnico expida bajo la gravedad de juramento el Certificado Técnico de Ocupación, el cual asegura que ésta cumple con todos los requisitos de sismo resistencia y revisión de planes estructurales”, explicó el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Aníbal Quiroz Monsalvo.
Con la entrada en vigencia de la Ley Anti Space, se fortalecieron los roles de los curadores y del revisor del diseño, quienes deben supervisar y garantizar las óptimas condiciones de las edificaciones.
“Esta norma surgió precisamente por el derrumbe de edificio Space en Medellín, en el año 2013, y se fortaleció con el reciente caso ocurrido en Cartagena en donde perdieron la vida 21 personas, precisamente por el desplome de una obra en construcción. En Valledupar no podemos permitir que ocurra un caso similar y de ahí la importancia que nuestros constructores cumplan con las normas urbanísticas”, agregó Quiroz Monsalvo.
La constructora que incumpla con la ley se expone a multas que oscilan entre los 25 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
