Valledupar, noviembre de 2024. El proyecto de ordenanza que busca implementar una sobretasa en el departamento del César para financiar el fondo de seguridad pública sigue generando una intensa controversia. Las opiniones están divididas entre quienes ven en la propuesta una solución ante el recorte presupuestal y quienes consideran que impactará negativamente la economía de los ciudadanos y sectores productivos.
El diputado José Mario Rodríguez Barriga, presidente de la Asamblea Departamental, explicó los fundamentos del proyecto. Según Rodríguez, la sobretasa busca «recaudar recursos que de una u otra manera el gobierno departamental ha proyectado que no se van a recibir durante las próximas vigencias«. Indicó que actualmente los recursos de seguridad provienen del 5% que se cobra a la obra pública, pero que esta fuente de financiación enfrenta problemas debido al recorte en el Sistema General de Participaciones y el presupuesto nacional. «La fuerza pública nos ha manifestado que ven con preocupación la vigencia 2025 y años venideros», afirmó.
La propuesta incluye un incremento del 9% en el recibo de energía para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, mientras que el sector comercial e industrial tendría un aumento del 10%. Este esquema ha generado críticas desde diversos sectores, incluyendo el Concejo Municipal de Valledupar, que expresó su rechazo mediante un comunicado oficial. «Vemos con preocupación el trámite de la iniciativa… este proyecto impactaría significativamente a los ciudadanos y a los sectores comerciales e industriales, siendo Valledupar el núcleo principal de su aplicación», señaló el concejal Wilbert Hinojosa.
Hinojosa, también resaltó la difícil situación económica que atraviesan los ciudadanos. «Sabemos que queremos seguridad en el departamento, pero no podemos desconocer la situación económica tan difícil que viven todos los estratos. La falta de empleabilidad es crítica, y cargar aún más a los ciudadanos y al sector privado sería un golpe duro para quienes generan empleo en el municipio», dijo.
A su turno el diputado Rodríguez respondió a las inquietudes planteadas y aseguró que la Asamblea está comprometida con garantizar un amplio debate. «Desde el primer momento le dimos trámite al proyecto, pero también hicimos múltiples solicitudes al gobierno departamental, nos reunimos con gremios y atendimos los llamados de quienes realizan control social. Tal como está redactado, no vamos a aprobar el proyecto de espaldas a la comunidad», señaló.
Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, Rodríguez destacó que el diálogo con los diferentes sectores es fundamental. «Invitamos a todos los gremios y líderes sociales a participar en la socialización que haremos el martes 2 de diciembre a las 2:00 p.m. Queremos que este sea un espacio donde podamos escuchar a todos y definir las pautas para construir un consenso. No vamos a aprobar algo que afecte de forma desproporcionada el bolsillo de la ciudadanía», aseguró.
Por su parte, el concejal Hinojosa hizo un llamado a buscar alternativas. «Entendemos las dificultades que enfrentan los entes territoriales con el gobierno nacional en la consecución de recursos, pero debemos explorar fórmulas que impacten menos. Estratos 4, 5 y 6 no son ricos en Valledupar, y ya enfrentan una carga significativa. Además, gravar aún más al sector comercial e industrial es un riesgo para la generación de empleo en la región», enfatizó.
El debate no solo ha puesto en evidencia las divisiones entre las corporaciones municipales y departamentales, sino también la preocupación generalizada de los gremios y ciudadanos. La Asamblea Departamental se ha comprometido a continuar el análisis del proyecto y mantener abiertas las puertas al diálogo. «Lo que queremos es que los mismos gremios y ciudadanos tomen la vocería. Si esto implica realizar más sesiones, las haremos. Nuestra prioridad es que haya un consenso amplio antes de tomar cualquier decisión», concluyó Rodríguez.
Por ahora, la propuesta sigue siendo objeto de discusión, mientras la comunidad y los líderes esperan que se encuentre una solución que permita garantizar la seguridad sin golpear la economía de los habitantes del departamento.
