Valledupar, abril 21 de 2025. Desde el 16 de abril de 2025 entró en vigencia en Valledupar el decreto 0472, mediante el cual se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en todo el municipio. Esta decisión, adoptada por la administración municipal, tiene como principal objetivo reducir los índices de criminalidad asociados al uso de motocicletas.
Pablo Bonilla, secretario de Seguridad y Convivencia de Valledupar, explicó en entrevista con este medio de comunicación que esta medida se reactivó tras evidenciarse un aumento de homicidios en el mes de febrero, mes en el que no estaba en vigor el anterior decreto. “Dejamos una prueba de dos meses para ver cómo se comportaba la ciudad. Lamentablemente, hubo un incremento en homicidios, por eso retomamos la medida”, sostuvo.
Bonilla aseguró que la implementación de este decreto será reforzada con la creación de puntos de control conjuntos entre la Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional, lo cual hace parte de un trabajo articulado que busca garantizar lo que han denominado “movilidad segura”. “Estamos convencidos de que la seguridad y la movilidad van de la mano”, afirmó.
En cuanto al cumplimiento de la medida, Bonilla destacó que la mayoría de la ciudadanía acata la norma. “Hay personas que no les gusta seguir las normas, pero este año vamos a tener un convenio con la Policía para reforzar el control”, añadió.
El secretario también detalló las excepciones que contempla el decreto, entre ellas: miembros de la fuerza pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad, organismos de socorro, escoltas de funcionarios públicos, instructores de escuelas de conducción y comunicadores sociales en ejercicio de sus funciones.
Finalmente, Bonilla reiteró que esta medida responde a una necesidad urgente de proteger la vida de los ciudadanos, especialmente al considerar que un alto porcentaje de delitos en la ciudad involucran a delincuentes en motocicletas. “Los dos homicidios que se cometieron ayer fueron perpetrados por sujetos motorizados”, subrayó.
Esta decisión ha sido respaldada por sectores de la opinión pública, quienes consideran que, aunque impopular, es una medida necesaria para preservar el orden y la seguridad en la ciudad.
