Más de 36 mil cesarenses esperan que entren en servicio obras de acueducto y alcantarillado construidas por el gobierno departamental con inversión de $17 mil millones, las cuales no se han puesto en funcionamiento por negativa de Electricaribe a dar los permisos para las conexiones eléctricas de las plantas de tratatamiento.
Argumentando deudas que presentan algunos municipios con la empresa prestadora del servicio de energía, ésta se ha negado a autorizar las conexiones para las obras de distintos municipios, entre las cuales se encuentra la primera etapa del alcantarillado sanitario de Molina y Besote y el acueducto de Simaña en La Gloria; el alcantarillado de Sabana Grande en Curumaní; los acueductos de Zapatosa, Las Palmas, Las Brisas y Antequera en Tamalameque, así como obras en Potrerillo, y Cuatro Vientos, del municipio de El Paso, y la cabecera urbana de Bosconia.
En Chimichagua no han podido conectarse a energía eléctrica el acueducto del corregimiento Mandinguilla; el acueducto regional de las veredas Dios me ve, Portugal, El Tesoro y San Francisco y el sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, que ademas tiene un importante valor en materia ambiental, porque su funcionamiento evitará que se sigan vertiendo aguas residuales sin tratamiento a la Cienaga de Zapatosa.
En busca de una solución a esta problemática, el gobernador Luis Alberto Monsalvo, ha liderado varias mesas de concertación con alcaldes y directivos de la empresa Electricaribe, sin que a la fecha se hayan logrados resultados positivos. Pese a que algunos municipios han firmado acuerdos de pago, no ha sido posible lograr los permisos para instalar el componente eléctrico que permita poner en funcionamiento las obras construidas y brindar el beneficio a las comunidades.
El gobernador Monsalvo Gnecco invitó a los alcaldes a buscar alternativas de soluciones legales que permitan poner en servicio los proyectos y cuestionó a Electricaribe porque debe acordar con los mandatarios locales alternativas de solución «pero no puede afectar el derecho vital de la comunidad a contar con los servicios de suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales, necesarios para tener mejor calidad de vida».
