Valledupar, 22 de julio de 2024
En expectativa se encuentra la comunidad en Valledupar, ante una orden de arresto contra el Alcalde de Valledupar por incumplir una sentencia que ordena el desalojo de predios del Mayor Pimental, los cuales están invadidos hace 13 años. A sabiendas de que esta no es una orden fácil de cumplir, teniendo en cuenta el drama humano que esto representaría para las más de 3 mil familias que habitan los predios, la ciudadanía no sabe cuál será la salida definitiva a este conflicto.
En entrevista con este medio de comunicación, el abogado Orlando Díaz Rojas, representante de los invasores en diversos asentamientos de Valledupar, hizo un llamado a la gobernadora Elvia Milena San Juan para concertar una reunión con el objetivo de encontrar una solución al tema de las invasiones en predios como Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte 2 y Brisas de La Popa.
El abogado Díaz Rojas destacó la urgencia de esta reunión debido a la situación apremiante en la que se encuentra el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, quien enfrenta una orden de arresto de tres días por no cumplir con la sentencia que obliga a la reubicación de estas personas en otro lugar. «Lo más importante en este momento es concertar una reunión donde esté presente el gobierno nacional, el gobierno municipal, el gobierno departamental, el propietario de la tierra y el consejo municipal», expresó Díaz Rojas.
El abogado resaltó que, a pesar de los varios intentos de desalojo producidos en años anteriores, nunca se había dado una orden tan tajante como la actual. «Desde el 2011, ha habido órdenes de desalojo que logramos detener debido a la intervención de la Honorable Corte Constitucional, pero ahora, la situación es más crítica,» afirmó Díaz Rojas.
Díaz Rojas explicó que la reunión solicitada tiene como objetivo evitar un desalojo que afectaría a aproximadamente 15,000 personas. «El único que puede autorizar al alcalde la compra de la tierra es el concejo municipal. El propietario de la tierra solo pide que se la paguen. Si no se hace una defensa técnica adecuada, lo que viene es el desalojo», advirtió el abogado.
El abogado insistió en la necesidad de una concertación que involucre a todas las partes: «El gobierno nacional debe participar con aportes para comprar las tierras, el gobierno departamental y municipal deben estar presentes, y el concejo municipal debe dar la orden de compra».
Las invasiones en predios como Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte 2 y Brisas de La Popa llevan 13 años siendo un tema de controversia en Valledupar. Muchos de los residentes han construido sus vidas en estos asentamientos, con casas que van desde cambuches hasta construcciones de dos pisos. «No se puede resolver un problema social afectando a un particular, pero tampoco se puede masacrar una comunidad al realizar el desalojo«, enfatizó Díaz Rojas.
El abogado también mencionó experiencias previas en otros lugares donde se han logrado acuerdos para evitar desalojos forzados. «En Manaure, logramos un acuerdo donde se desocupó parte del predio y se construyeron casas. Esto demuestra que es posible llegar a soluciones negociadas», comentó Díaz Rojas.
