Luego de lo ocurrido en la cárcel de Tuluá, donde más de 50 internos murieron luego de un amotinamiento, vuelve a ponerse sobre el tapete la situación del hacinamiento de los penales en el país.

En el caso particular de Valledupar, el Personero Silvio Cuello dijo que ellos vienen haciéndole seguimiento a la situación porque aún persiste el hacinamiento en los sitios de reclusión en esta capital.

En el caso particular de la Cárcel Judicial, en la actualidad hay 650 internos de las cuales 81 son mujeres. Allí el hacinamiento no es tan alto, reconoce Cuello.

En la Tramacúa dijo el Personero no hay hacinamiento porque en la actualidad hay 1431 reclusos, siendo la capacidad para 1650 reos.

El caso más preocupante es el de la Permanente Central ubicada en la carrera tercera en Valledupar, donde hay 551 detenidos, cuando la capacidad es de máximo 100 detenidos, lo cual deriva en que el hacinamiento sea del 500 por ciento.

Ante la pregunta de si es posible que en las cárceles de Valledupar se presenten tragedias como la de Tuluá, dijo el Personero Municipal que han hecho llamados constantes al Alcalde, al mismo Presidente,  a la Cámara de Representante, a la Gobernación entre otros, sobre la necesidad de intervenir la Permanente y demás centros carcelarios.

“Lo que pasó en Tuluá, lo que paso en 2020 en la cárcel Modelo de Bogotá, es para que sigan con los ojos puestos en estos sitios” dijo Silvio Cuello, quien explicó que se requiere la intervención completa de estos sitios de reclusión.

“Sabemos que quien entra a estas cárceles cometió un delito, pero siguen siendo personas” dijo Silvio Cuello con relación a las condiciones en que viven los reclusos, señalando que algunos sobre todo en la Permanente, los nuevos llegan a ubicarse en los baños para poder dormir.

En cuanto al nuevo lote adquirido por la Gobernación del Cesar, para la construcción de un centro carcelario que serviría para reubicar la cárcel judicial, señaló el personero municipal que es un proyecto a largo plazo.

Dijo también Cuello que la solución estaría en la reubicación y redistribución de los reos en los centros carcelarios, pero esta es una decisión directa del INPEC.

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