En medio de la audiencia pública que se llevó a cabo el día de ayer en el municipio de La Jagua de Ibirico, se estudió el acuerdo que empresas mineras como Prodeco asumieron con el asentamiento de Boquerón, comunidad que sería reubicada por la afectación a raíz de los problemas ambientales ocasionados por actividades mineras, sin embargo, este pacto fue olvidado para asumir acciones que fortalezcan la región.
El asesor jurídico de la población de Boquerón, Jaime Luis Ochoa, lamentó que las poblaciones vulnerables no hayan sido beneficiadas por los compromisos sociales y económicos que las empresas mineras asumieron con las comunidades, como es el caso del asentamiento de Boquerón, donde en el 2007 fue conocida la necesidad de reubicar a este grupo de personas porque la contaminación del aire les generaba problemas de salud, pero solo hasta el 2010 el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible comprendió la obligación de ubicar en otro sitio a estas familias, por lo que ordenó que las entidades mineras se encargaran de este proceso donde serían favorecidas 3 comunidades más, cosa que no ocurrió.
“Es triste mirar que las empresas a todas luces lo que busque es dilatar en la línea del tiempo la ejecución de obligaciones que son de carácter urgente”, dijo el jurista al recordar desde hace 14 años se espera el cumplimiento del compromiso de reasentamiento donde ahora se habla de unos planes de recuperación socioeconómica para salvar a la población, el cual sigue sin cumplirse por la mala administración del sector minero en su plan de manejo ambiental.
Cuestionó Ochoa que las autoridades nacionales y departamentales, por hoy tratar el tema de Boquerón de una manera casi imposible de realizar, han dado espaldas a las comunidades que realmente necesitan acompañamiento, como es el caso de Corpocesar a quien dijo “brilla por su ausencia”, pese a que fue la autoridad que promovió la iniciativa de reclasificar a Boquerón como área de contaminación del aire de la zona carbonífera, aun así no ha defendido esta decisión que bajo la resolución 0071 del 2 de febrero del 2021 el Ministerio del Medio Ambiente la comunidad fue determinada como zona de no fuente de contaminación y la autoridad departamental tampoco ha asumido compromisos que den paso a una solución.
Al mismo tiempo el abogado de la población de Boquerón mostró su preocupación frente a la resolución conocida hace dos días que través del fallo 00640 queda un plazo de 5 meses para dar paso a la formulación de los Támesis y aún no existe un acuerdo con las empresas ni ha iniciado un proceso de diálogo.
Por último, el abogado Jaime Luis Ochoa, señaló que la audiencia del día anterior es una reunión más a las cuales la comunidad está cansada de asistir.
Redacción Tuperfil.Net
