El patrullero Harvey Damián Rodríguez, involucrado en el trágico suceso que resultó en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez en septiembre de 2020, fue condenado a 40 años de prisión por un juez especializado de Bogotá. El fallo incluye cargos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tortura agravada, así como una multa equivalente a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
La condena responde a que Rodríguez actuó de manera desproporcionada contra la víctima, quien se encontraba en estado de indefensión. El patrullero no evitó el desenlace fatal y, por el contrario, participó en los actos que llevaron a la muerte de Ordóñez.
Adicionalmente, otro efectivo policial, Juan Camilo Lloreda Cubillos, también fue condenado a 20 años de prisión y una multa equivalente a 1.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes en abril de 2021. La sentencia de Lloreda Cubillos fue menor debido a su aceptación y continuación con un preacuerdo con la Fiscalía.
En este caso, los policías fueron llevados a la justicia por haber sometido violentamente a Ordóñez durante un operativo, utilizando incluso electrochoques tipo taser. Posteriormente, fue trasladado a un CAI donde recibió golpes, lo que finalmente resultó en su fallecimiento. La necropsia reveló nueve fracturas en su cráneo y otras graves lesiones en su cuerpo.
El intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas y el patrullero Henry Alejandro Bonilla Bastidas también enfrentan cargos formulados por la Procuraduría General de la Nación. El primero es señalado de haber bajado violentamente a Ordóñez de la patrulla, mientras que el segundo se le acusa de negligencia al no intervenir para evitar los ataques dentro del CAI.
Este fallo representa un paso significativo hacia la justicia y la rendición de cuentas en casos de violencia policial, subrayando la importancia de abordar el uso excesivo de la fuerza y garantizar la protección de los derechos humanos.
