Este recargo fiscal tiene el doble propósito de generar ingresos adicionales para el estado y desincentivar el consumo de comestibles considerados perjudiciales para la salud. Aunque la intención gubernamental era que las compañías asumieran este coste extra, las proyecciones apuntan a que los consumidores sentirán el impacto en el punto de venta. El sector de los pequeños comerciantes expresa su inquietud frente a esta medida, anticipando un descenso en la demanda que podría traducirse en menores ingresos y afectar su economía.
Una variada selección de artículos, indispensables en la dieta diaria de muchos colombianos, como embutidos, condimentos listos para usar, golosinas, conservas de frutas, productos de panadería congelados, snacks y confitería, serán sujetos a este ajuste impositivo.
Marcas de gran trayectoria en el país, como Nutresa, Zenú, Noel, Arcor, PepsiCo y CremHelado, se hallan entre las que tendrán que reconsiderar sus precios para adaptarse al nuevo escenario fiscal.
Desde Fenalco se ha hecho énfasis en que los tenderos y vendedores a pie serán los más afectados por este impuesto, que se espera cause un incremento progresivo en los costos de los ultraprocesados en un lapso hasta 2025.
Sin embargo, hay un respiro para ciertos alimentos que, por su naturaleza semiartesanal, no se verán afectados por esta medida. Productos como el arequipe, obleas y panadería fresca, así como ciertos dulces y frutas confitadas, no experimentarán este aumento. De igual manera, artículos vitales como fórmulas para bebés, suplementos nutricionales líquidos y sueros, han sido excluidos de esta política fiscal, salvaguardando así su accesibilidad en el mercado nacional.
