Valledupar, octubre 31 de 2024. Este miércoles 30 de octubre se cumplió el plazo dado por parte de la Corte Constitucional al gobierno municipal para desalojar los asentamientos ilegales en el predio Sabana 1 del Mayor Pimienta en Valledupar. Y tal como se veía venir, fue imposible adelantar la diligencia por parte del gobierno de Ernesto Orozco.
En diálogo con este medio de comunicación, Jorge Luis Pérez Peralta, Secretario de Gobierno de Valledupar, explicó la situación del desalojo en Sabana 1. «El alcalde Ernesto Orozco recibió un problema heredado desde 2008, con un fallo judicial que exige cumplimiento», indicó Pérez, subrayando la importancia de respetar las decisiones judiciales.
El secretario detalló que, a pesar de los esfuerzos del gobierno municipal por organizar el desalojo, la tarea se complica debido a la necesidad de un número significativo de policías. «Se requieren aproximadamente 1,800 efectivos para realizar el desalojo de más de 20,000 personas, lo que no es tarea fácil», afirmó, al indicar que para esto, a la Policía le tocaría dejar sin efectivos a otra ciudad mientras se adelanta el operativo en Valledupar.
Además, Pérez destacó que el alcalde ha estado trabajando en la caracterización de los asentados, cumpliendo así con un fallo de la Corte Constitucional que estipula que se deben garantizar albergues para quienes están en condiciones de vulnerabilidad. «Hoy tenemos más de 4,700 familias que son sujetos de especial protección constitucional», afirmó.
La situación es delicada, ya que la Corte ha emitido fallos que obligan a considerar tanto los derechos de los propietarios como la protección de los asentados. Pérez enfatizó que «hay que garantizar una reubicación digna» en caso de un desalojo.
Sin embargo, la contraparte, representada por los abogados de la familia Pimienta, critica al alcalde por supuestamente dilatar el proceso. Ante esta acusación, Pérez defendió la gestión del gobierno, asegurando que se han tomado medidas fundamentales para evitar errores jurídicos que podrían complicar aún más la situación del municipio, que actualmente enfrenta un alto nivel de endeudamiento.
El desalojo, que debía realizarse en un plazo establecido, ha quedado en suspenso, y el gobierno espera reprogramar la diligencia mientras continúa buscando soluciones viables para atender a todas las partes involucradas.
