Valledupar, diciembre 18 de 2024. Este martes 17 de diciembre de 2024, las familias de Rafael Mejía, Alejandro Durán, Óscar Bocanegra, Harold Pérez y Antonio Tobías recibieron finalmente los cuerpos de sus seres queridos, quienes habían sido desaparecidos y luego falsamente reportados como bajas en combate por el Ejército en La Guajira. La entrega de los restos fue posible gracias a una ardua investigación liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que colaboraron con entidades como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Las cinco víctimas fueron asesinadas tras aceptar ofertas laborales en busca de una mejora económica, pero sus cuerpos permanecieron sin identificar durante años en el cementerio de San Juan del Cesar. El trabajo investigativo de la JEP y la UBPD permitió identificar los restos de las víctimas, quienes no residían en el municipio donde fueron asesinadas, y esclarecer su situación dentro del marco del Caso 03, que investiga las desapariciones forzadas y asesinatos presentados como bajas en combate.
El proceso de identificación de los cuerpos comenzó con la intervención del Cementerio Central de San Juan del Cesar, luego de que Medicina Legal solicitara la protección del lugar debido a indicios de que podrían encontrarse allí víctimas del conflicto armado. En 2023, la UBPD realizó investigaciones preliminares y encontró puntos de interés forense, lo que llevó a la exhumación de 38 cuerpos, algunos con señales de violencia.
Antonio Tobías, quien fue visto por última vez el 26 de mayo de 2006, fue una de las primeras víctimas en ser identificadas. Su cuerpo, que había sido reportado como muerto en un supuesto combate, fue finalmente entregado a su familia el 10 de diciembre de 2024. Su padre, Antonio Tobías Macea, expresó alivio por poder darle un lugar de descanso a su hijo, después de años de incertidumbre y búsqueda.
En el caso de Harold Pérez y Óscar Bocanegra, ambos oriundos de Barranquilla y Villavicencio, los cuerpos fueron encontrados tras investigaciones forenses que determinaron que también habían sido asesinados y no muertos en combate. Pérez había aceptado una oferta de trabajo en una finca, mientras que Bocanegra se había trasladado a Barranquilla por una oportunidad laboral. Sus cuerpos fueron identificados y entregados a sus familias, quienes ahora pueden llevarles flores y rendirles un homenaje digno.
Rafael Mejía y Alejandro Durán, oriundos de Valledupar, fueron otro par de víctimas que aceptaron una oferta de trabajo en San Juan del Cesar. Después de ser reportados como muertos en combate en 2008, sus familias estuvieron durante años sin saber qué había sucedido con ellos. Tras la intervención del cementerio, los cuerpos fueron finalmente identificados y entregados a sus familias, quienes, aunque atravesaron por años de dolor e incertidumbre, ahora pueden descansar sabiendo el destino de sus seres queridos.
Este proceso ha sido un paso importante para la justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado, y ha proporcionado un respiro a las familias que, tras años de sufrimiento y búsqueda, finalmente han podido dar un entierro digno a sus seres queridos.
