Para este martes 13 de junio está previsto el desalojo de las personas y familias que hace un tiempo ocuparon ilegalmente 226 viviendas de la urbanización El Porvenir, ubicada al sur occidente de Valledupar, casas que fueron construidas para la reubicación de los invasores del predio Sabana 1, de propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, y así dar cumplimiento a la sentencia judicial T946 de 2011.
Esta diligencia que viene en trámite desde mitad del año 2022, contará con el apoyo de la Policía Nacional, Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación seccional Cesar, además de entidades garantes de los derechos humanos, tales como: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Personería de Valledupar, Defensoría del Pueblo y de las sectoriales municipales: Secretaría General, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Obras Públicas y Fonvisocial, para brindar transparencia y garantías en la jornada.
Cabe recordar que en agosto del año pasado, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar ordenó tres días de arresto domiciliario y multa de 10 salarios mínimos legales mensuales, al alcalde Mello Castro, por no dar cumplimiento al fallo de tutela T-946 de 2011.
Igualmente, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado al mandatario local y a la gerente del Fondo de Vivienda e Interés Social y urbana de la ciudad, para que cumplieran con el fallo judicial que concedió el derecho a la vivienda digna a cerca de 800 familias desplazadas que se encontraban asentadas en un predio privado, como lo son los del Mayor Pimienta.
