Valledupar, noviembre 27 de 2024. El presidente de Fenalco en el departamento del Cesar, Ricardo Reyes, expresó su satisfacción por el retiro de un proyecto de ordenanza presentado por el gobierno departamental, que proponía crear un nuevo impuesto sobre el consumo de energía en el departamento.
El proyecto, que se debatió en la Asamblea Departamental, generó preocupación entre los comerciantes y gremios, debido a los impactos negativos que habría tenido sobre la ya debilitada economía local.
Reyes destacó que el sector comercial, especialmente los almacenes que requieren un alto consumo de energía para su operación, habría visto un aumento significativo en sus costos, afectando su competitividad y viabilidad financiera. «Este impuesto no solo habría afectado a los comerciantes, sino también a industrias clave como la lechera, que ya enfrentan dificultades por la sobreoferta y los precios bajos», indicó Reyes, refiriéndose a un aumento de hasta 1.500 millones de pesos anuales en los costos de energía de las empresas más grandes de la región.
Además, Reyes mencionó que, a pesar de los desafíos en materia de seguridad, los gremios no consideran viable que el gobierno dependa de nuevos impuestos para financiar la seguridad pública. En lugar de incrementar la carga tributaria, los gremios sugieren una revisión de los gastos del gobierno y de la eficiencia de la administración pública, para que los recursos disponibles puedan destinarse de manera más efectiva a la seguridad. En este sentido, Reyes también propuso la integración de cámaras de seguridad del sector privado con las de las autoridades, lo que permitiría una mayor colaboración entre el sector empresarial y las fuerzas del orden.
El presidente de Fenalco recalcó que la situación de la seguridad es un tema crucial, pero que no se debe resolver a costa de sobrecargar a los empresarios, que ya atraviesan tiempos difíciles. La retirada del proyecto, tras la presión de los gremios y comerciantes, ha sido celebrada como una victoria para el sector privado del Cesar.
El debate sobre cómo mejorar la seguridad en la región sigue siendo urgente, y tanto el sector público como el privado deberán trabajar en conjunto para encontrar soluciones más sostenibles y eficaces.
