En el marco de la estrategia Argenta, liderada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con el objetivo de desmantelar las finanzas asociadas al crimen, narcotráfico y delincuencia organizada, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio tomó medidas cautelares sobre 22 propiedades presuntamente vinculadas al comercio ilegal de juegos de suerte y azar. La intervención se llevó a cabo en Valledupar (Cesar), Ciénaga y Santa Marta (Magdalena), con la ocupación de un inmueble rural, seis urbanos, once vehículos, dos sociedades y dos establecimientos de comercio, en diligencias ejecutadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Estos bienes, cuyo valor preliminar se estima en más de 2.000 millones de pesos, estarían asociados a un grupo que promovía apuestas locales no reglamentadas ni respaldadas por la ley. Las propiedades quedaron sujetas a medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
La investigación reveló que el juego ilegal se basaba en un tablero numerado del 1 al 80, donde los apostadores, con un aporte mínimo de 500 pesos, seleccionaban entre tres y diez balotas. Luego, el organizador realizaba un sorteo virtual y aleatorio, extrayendo 20 balotas, y el jugador con más aciertos resultaba ganador.
Tras las medidas cautelares, los bienes afectados fueron transferidos a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, como parte de los esfuerzos continuos para combatir actividades ilícitas en el ámbito de los juegos de azar.
