La Contraloría General de la República ha iniciado un análisis exhaustivo del sorprendente aumento en las tarifas de energía en regiones como la Costa Atlántica, que ha generado un extenso debate desde septiembre de 2022. Este estudio se está llevando a cabo bajo la supervisión de la Delegada de Minas y Energía del organismo de control.
La entidad está evaluando la pertinencia de los costos relacionados con las tarifas de energía y gas como un instrumento para la implementación de la política de prestación de servicios públicos, además de su impacto fiscal en los esquemas de subsidios correspondientes.
La Contraloría expresa su preocupación por varios aspectos:
- La demora en la adopción de medidas efectivas para abordar los problemas de liquidez que enfrentan las empresas comercializadoras de energía, agravados por las regulaciones destinadas a contener el aumento de las tarifas.
- La exposición a precios volátiles en la bolsa de energía, que ha superado los $1.059 por kW/h en la última semana, y la cancelación de contratos de energía a largo plazo, lo que ha aumentado la incertidumbre en el sector.
La Contraloría considera necesario implementar medidas integrales, ya que la oferta de energía y la estabilidad regulatoria y contractual del país están en riesgo.
El estudio sectorial que se está realizando se enfoca en los siguientes puntos:
- Análisis del comportamiento de los componentes del costo unitario del servicio de energía eléctrica, conforme a las disposiciones de la Resolución CREG 119 de 2007.
- Evaluación del impacto de las medidas regulatorias para estabilizar las tarifas en el país y la identificación de los componentes de la cadena de prestación del servicio que se aplican.
- Examen de la evolución de los costos de los subsidios de energía eléctrica en comparación con las tarifas durante el período 2010-2022.
Este análisis estará completo a finales de noviembre de 2023, según anunció el Contralor Delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira. La Contraloría está preocupada por la confiabilidad y el suministro del servicio de energía eléctrica, así como por los impactos en las regalías y el PIB a medida que se producen cambios en el sector energético.
