Valledupar, diciembre 23 de 2024. El gremio de la construcción se encuentra en alerta ante la reciente modificación del programa Mi Casa Ya, un subsidio estatal clave para las familias de clase media y baja que buscan acceder a una vivienda de interés social. La preocupación surge luego de que el Gobierno anunciara la suspensión de los recursos destinados a la cobertura de la tasa de interés de los créditos hipotecarios, lo que podría implicar un aumento en las cuotas mensuales para los beneficiarios.
Hernán Felipe Araujo Ariza, gerente de Camacol en el Cesar, explicó que el programa Mi Casa Ya tiene dos tipos de subsidios: uno destinado a la cuota inicial y otro a la cobertura de la tasa de interés. El primer subsidio, que puede ser de entre 26 y 39 millones de pesos, ayuda a las familias a cubrir la cuota inicial de sus viviendas, mientras que el segundo subsidio cubría una parte importante de los intereses del crédito hipotecario. Sin embargo, “el gobierno anunció que no hay más recursos para la cobertura de la tasa, lo que ha generado mucha preocupación entre los beneficiarios”, afirmó Araujo. Este cambio afecta principalmente a las familias que ya estaban contando con ese alivio en sus cálculos financieros.
El impacto se ha hecho especialmente evidente en ciudades como Valledupar, donde más del 80% de las viviendas en construcción son de interés social. “Las familias hacen sus cuentas asumiendo la cobertura a la tasa, y ahora se encuentran con que deberán pagar cuotas mucho más altas. Esto coloca a muchas de ellas en una situación financiera difícil, sobre todo si su ingreso es bajo”, aseguró el gerente de Camacol. Un ejemplo claro, detalló Araujo, es el caso de familias que estaban esperando cuotas mensuales de 500.000 pesos y ahora deberán afrontar pagos de hasta 750.000 pesos, lo que puede resultar insostenible.
Además de las dificultades para las familias, el sector constructor también se ve afectado, pues la incertidumbre generada por estos cambios podría disminuir significativamente la demanda. Araujo destacó que, de implementarse una reducción drástica del programa, la actividad en el sector podría caer entre un 10% y un 20%, lo que tendría consecuencias graves para el empleo y los ingresos derivados de la construcción.
Propuestas para mitigar el impacto
Ante esta situación, Araujo hizo un llamado al Gobierno para que ofrezca claridad sobre el futuro del programa. “Lo ideal era que se respetaran los subsidios anunciados para 2024, pero lo que necesitamos ahora es que se nos dé certeza sobre qué pasará con el resto de los subsidios”, expresó. A pesar de la incertidumbre a nivel nacional, varios gobiernos locales, como el de Barranquilla y Cartagena, han lanzado programas de subsidios complementarios para mitigar los efectos del recorte. Estos programas podrían servir como una solución parcial, especialmente si se establecen con criterios claros y transparentes.
Para Araujo, no es necesario igualar los montos de Mi Casa Ya, pero sí se requiere una voluntad política para ofrecer subsidios locales que den impulso al sector y eviten una caída abrupta en la construcción de viviendas sociales. “Lo importante es que haya un esfuerzo por parte de los gobiernos locales, incluso con subsidios más pequeños, para garantizar que las familias más necesitadas no queden fuera del acceso a una vivienda”, concluyó.
