El martes17 de octubre, el partido Comunes (antiguo FARC) presentó un controvertido proyecto de ley en el Congreso de la República de Colombia que propone regular el trabajo sexual. Este proyecto busca otorgar a las personas que ejercen la prostitución los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador, lo que ha generado un debate intenso en la sociedad.
El proyecto propone la creación de contratos, incluyendo los de término indefinido, para las personas involucradas en el trabajo sexual. Establece una remuneración justa que no puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente y garantiza la afiliación a sindicatos, derechos laborales, acceso a la seguridad social y a la seguridad y salud en el trabajo. También incluye disposiciones sobre vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, licencias por luto, primas de servicios, día de la familia y cajas de compensación familiar.
El proyecto define el trabajo sexual como cualquier actividad sexual remunerada realizada por personas mayores de 18 años de forma voluntaria y libre. No incluye prácticas ilegales como la explotación sexual, la trata de personas o la pornografía con menores. Además, establece que los «clientes» deben manifestar su consentimiento y someterse a chequeos médicos periódicos para detectar enfermedades de transmisión sexual.
El proyecto aborda una variedad de prácticas relacionadas con el trabajo sexual, como el modelaje webcam, el trabajo sexual en espacios públicos, la creación de contenido para adultos y más. También regula los establecimientos vinculados al trabajo sexual, otorgándoles derechos a la propiedad y a la gestión de sus operaciones comerciales.
Este proyecto ha generado opiniones encontradas en la sociedad, con algunos argumentando que brinda derechos y protección a las personas que ejercen la prostitución, mientras que otros lo ven como una romantización de una actividad que a menudo está relacionada con situaciones de violencia y explotación. El debate sobre esta iniciativa continúa en Colombia mientras se espera su revisión y posible aprobación en el Congreso.
