Desde hace ya una década se han venido adelantando en el departamento del Cesar proyectos que buscan reubicar a las poblaciones afectadas por la explotación minera y la contaminación ambiental que esto genera. Uno de estos proyectos se dio en la vereda El Hatillo, corregimiento de El Paso, donde en el año 2018 se concretó el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), el cual cuenta con los componentes de hábitat y vivienda, actividades económicas, y redes sociales y culturales, y busca mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Sin embargo, desde agosto del año pasado este plan ha sido objeto de múltiples incumplimientos, y hoy se desmorona por completo.
Yolima Parra Jiménez, líder comunitaria en dicha zona, sostuvo que el pasado jueves 22 de octubre en la vereda se adelantaron manifestaciones por parte de la población para reclamar por dichos incumplimientos, logrando con esto que la empresa Drummond se sentara a dialogar con la comunidad, y explicara las razones de esto. Sin embargo, las otras dos empresas implicadas, Colombian Nature Resources (CNR) y Prodeco no se hicieron presentes.
Estas últimas anunciaron su retiro del PAR debido a la situación económica que han tenido que enfrentar a causa de la baja en el precio del carbón, y la falta de continuidad en sus actividades en medio de la pandemia.
Con respecto al número de familias afectadas, Parra expresó que de las 204 familias que esperaban ser reubicadas, solo 13 lo han sido y 8 quedaron en procesos de compraventa de vivienda. Sin embargo, estas últimas han quedado endeudadas debido a las fallas presentadas.
La comunidad vive ahora ansiedad y desespero debido a la incertidumbre sobre lo que pasará con el Plan de Acción de Reasentamiento, y la situación económica que enfrentan al no tener, en su mayoría, una fuente de sostenimiento económico para sus familias.
Vale recordar que a lo largo del proceso de formulación del Plan de Acción de Reasentamiento-PAR, estuvieron presentes distintas entidades que actuaron como garantes, entre las cuales están la Defensoría del Pueblo, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Consejería presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Gobernación del Cesar, Agencia Nacional de Minería, Alcaldía y Personería Municipal de El Paso, y Corpocesar. De estas, la Gobernación del Cesar ha sido la única en mostrar respaldo a la población, por lo que se espera que otras entidades se involucren en ayudar a las familias afectadas.
