El exconcejal Ricardo Vives, quien interpuso la denuncia que hoy tiene en líos al exalcalde Augusto Ramírez Uhía, a dos de sus secretarios y a dos contratistas, señaló que en este proceso, otras personas podrían también verse perjudicas y privadas de la libertad.
En entrevista con Radio Guatapurí, Vives explicó que cuando llegó al Concejo en reemplazo de otro concejal, pudo constatar irregularidades en el contrato numero 12 44 de 2019, suscrito entre la Alcaldía de Valledupar y la Corporación de Desarrollo Social Creciendo, con el fin de orientar a estudiantes vocacionalmente, a fin de decidir su carrera profesional.
Según Vives, el contrato nació viciado porque en la reunión del comité de priorización de la inversión solo asistieron 5 miembros de los 13, y de los cinco votos, el de la oficina jurídica fue negativo.
Sumado a esto, está el hecho de que el contrato radicado el 31 de octubre, y el acta de inicio seria el 7 de noviembre, solo quedaban dos semanas de clases más el hecho de que a esas alturas muchos jóvenes se encontraban fuera de la ciudad presentándose a las universidades en las que querrían estudiar. “ Ya para qué gastarse 592 millones de pesos en buscar perfiles profesionales, cuando ya los estudiantes habían elegido” dijo el exconcejal.
Además en dos semanas quedaban para hacer el proceso, el contratista omite llevar a cabo la ejecución con los 160 profesionales establecidos en la minuta del contrato para ir a las instituciones educativas, pero al revisarse se pudo observar que fueron contratados 4 comunicadores sociales, pagándole 62 millones de pesos a cada uno.
Adicionalmente el contratista emitió el pago de la seguridad social de los 62 millones de pesos a cada comunicador, haciéndose con una base por un monto menor a los tres millones de pesos.
Esta información fue enviada a la Contraloría, que cuatro meses después detectó unos hallazgos, con lo cual se llevó la denuncia a la Fiscalía.
Anotó Vives, que estas investigaciones deberían derivar en vincular a otras personas, incluyendo a rectores de instituciones educativas, porque firmaron actas sin que se haya hecho las capacitaciones. “ Porque no puede ser que dentro de un colegio donde no llegaron los profesionales, no llegaron las capacitaciones, firmaron las actas, ahí hay una complicidad” afirmó Vives quien advirtió que no debió el supervisor del contrato, certificar el cumplimiento del mismo cuando no tuvo tiempo de verificarlo.
Vives ha sido cuestionado porque supuestamente a través de su firma Fundación Esesco, estaría interesado en el contrato, a lo que el exconcejal señaló que en el año cuando este contrato se dio, no estaba al frente a esta institución, con cuyo representante legal sostiene conflictos legales.
Afirmó Vives que en respuesta a derechos de petición elevados por él, tres rectores afirmaron que las capacitaciones o no se hicieron como es el caso del CASD, donde el rector no permitió las capacitaciones porque ya era muy tarde para ello. Entre tanto, la Fiscalía determinó que en la zona rural no se llevó a cabo el proceso de capacitación.
En lo que tiene que ver con los cuatro comunicadores contratados, y que recibieron 64 de millones cada uno, dijo Vives que estos fueron los facilitadores reemplazando a los 160 profesionales para hacer este trabajo. “ Ahí están las actas que se entregaron, a mi modo de ver hay unas cláusulas del contrato que decían que el operador debería adjuntar suficientes videos y fotografías” dijo afirmando que no habían fotografías ni rotuladas ni en qué instituciones las hicieron, lo que los lleva a pensar que no reposa la evidencia de que esto se hubiese adelantado.
