Valledupar.

En la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en la región de Limón en San Juan, se vienen  registrando enfrentamientos entre los grupos armados Pachencas y el Clan del Golfo. Por parte de las autoridades se investiga si estos habrían dejado al menos siete personas fallecidas, tal como se asegura desde esa población.

Lo que si es comprobado, es que estos hechos han provocado un desplazamiento masivo de miembros de la etnia wiwa hacia la ciudad de Riohacha, donde cientos de familias se encuentran actualmente albergadas.

José Hernández, defensor del pueblo en el departamento del Cesar, expresó su preocupación por la situación, señalando que «este tipo de enfrentamiento se replica también en nuestra zona del departamento del Cesar, de pronto por influencia de este grupo en el municipio de Copey y esa zona». Hernández explicó que «esto hace parte de una dinámica que se viene presentando en todo este territorio, por el proceso de consolidación que tienen estos grupos» y añadió que «aquí lo que quieren los grupos armados es posicionarse, copar cada uno de los territorios en cada uno de los municipios».

La situación se agrava con el desplazamiento de la comunidad wiwa, que había sido desplazada anteriormente y retornó a la región. Hernández indicó que la comunidad ha recibido atención por parte de las autoridades, pero que es necesario garantizar un retorno pacífico y seguro a su territorio. Hernández explicó que «sobre esta situación, la Defensoría del Pueblo había advertido una alerta temprana en el mes de junio de 2023, indicando precisamente el escenario de riesgo que podía presentarse por presencia de estos dos grupos y los enfrentamientos que podían darse».

La presencia de grupos armados también ha afectado al departamento del Cesar, con hechos violentos en municipios como Valledupar y Codazzi. La Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas en estas zonas, advirtiendo sobre la presencia del Clan del Golfo y los riesgos asociados. Hernández hizo un llamado a las autoridades para que acaten las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y se tomen medidas contundentes para prevenir nuevos hechos violentos. Hernández enfatizó que «cada una de las recomendaciones, advertencias que hace la asesoría del pueblo respecto a este escenario de riesgo, deben ser acatadas por responsabilidad por parte de cada una de las autoridades».

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