La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 032 de 2023, instando a las autoridades a tomar medidas debido a la actividad en expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) en las comunas 1, 3, 4 y 5 de Valledupar, la capital del departamento del Cesar, y en ocho de sus corregimientos: Aguas Blancas, Mariangola, Villa Germania, Caracolí, Guaimaral, Los Venados, El Perro y La Mesa-Azúcar Buena.
«Apelamos al Gobierno Nacional y local para que ejerzan un control basado en los derechos humanos. Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos y no pueden permitir que las AGC ejerzan control social, lo cual ha afectado a las comunidades a través de amenazas, extorsiones y otras prácticas crueles», expresó Carlos Camargo Assis, el Defensor del Pueblo.
El informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría detalla una serie de homicidios selectivos dirigidos a defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas socialmente estigmatizadas en Valledupar y su zona rural. Las AGC han asumido públicamente la autoría de algunos de estos actos criminales mediante mensajes.
«Las AGC están involucradas en la recaudación de tarifas por supuestos servicios de vigilancia y seguridad. Su actividad ha resultado en desplazamientos forzados, incluidos desplazamientos internos en la ciudad», destacó Carlos Camargo Assis.
El Gobierno Nacional había acordado un cese al fuego bilateral y temporal a nivel nacional, que incluía a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), desde el comienzo del año hasta finales de junio. Sin embargo, este cese al fuego llegó a su fin en marzo por decisión del Presidente de la República, argumentando incumplimientos por parte de las AGC con lo establecido en el Decreto 2658 de 2022.
Además de sus actividades armadas, el grupo ilegal busca legitimarse políticamente y socialmente cooptando liderazgos locales. Han llevado a cabo acciones propagandísticas para presionar su reconocimiento como actor político beligerante, en preparación para un posible proceso de negociación con el Gobierno central.
«Si desean entablar conversaciones, deben ser serios y demostrarlo con gestos que contribuyan a la verdadera construcción de la paz. La violación de los derechos humanos y las acciones en contra de las normas del derecho internacional humanitario no son señales positivas para participar en diálogos», subrayó Carlos Camargo Assis.
El Defensor del Pueblo subrayó que se ha presentado la alerta a las autoridades del ámbito local y nacional durante la sesión de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta a las Alertas Tempranas (Ciprat) el 14 de septiembre, con el fin de desarrollar un plan de acción que responda a las recomendaciones de la Defensoría.
Dadas las condiciones de riesgo, la entidad ha formulado 20 recomendaciones a las autoridades del Gobierno Nacional y las autoridades regionales, instando a que implementen acciones con un enfoque en derechos humanos y de conformidad con el derecho internacional humanitario.
