La mayoría de los colombianos sonríen y hasta sienten orgullo cuando algunos expertos en materia política argumentan sin sonrojarse que Colombia posee la democracia más sólida del hemisferio. También algunos compatriotas se sienten halagados cuando de Colombia se dice sin reparo alguno que somos un país de leyes.

Ambas “dignidades” endilgadas al estado colombiano son a mi modo de ver verdades espurias que no tienen ningún soporte serio en la realidad. No se le puede llamar democracia legítima a una nación que elige para el cargo de Presidente de la republica con solo el 30 por ciento de los sufragantes actos  para ejercer el derecho al voto. Por esta simple razón la gobernabilidad de todos los Presidentes que ha tenido Colombia se soporta en el clientelismo, la contratocracia y las alianzas con los grupos criminales… la ilegalidad es la que permite la cohonestación entre cauda y caudillo; entre obras sociales y enriquecimiento ilícito.

En este país se puede ser un Presidente “añorado” por dar de baja a unos cuantos guerrilleros, amangualarse con los paramilitares, autorizar falsos positivos, chuzar a opositores y contradictores, burlar la ley, y aun así, ser un honorable senador de la republica. Ser Ministro de Defensa de los delitos antes mencionados, y sin despeinarse, ser Presidente por 8 años. Estas son un par de perlas más de lo que algunos politólogos denominan con sobrada razón democracia mafiosa.

Lo sorprendente de ésta festejada democracia es que para legitimarla no se cuestiona el perfil ético de los candidatos o la procedencia de los dineros con los que se hacen elegir, lo más “democrático” es imponer el voto obligatorio para aumentar por un lado el número de secuaces del saqueo al erario público y por el otro cerrarle el paso a ese espacio libre y democrático que se llama abstención. A los defensores del voto en blanco, les aclaro que éste sigue siendo un inútil “saludo a la bandera” que cambia de bando y de sentido en las registradurías después de la 4 de la tarde.

Ciertos columnistas de los más influyentes medios de comunicación de Colombia creen que la abstención ha eternizado a los corruptos y criminales en los altos cargos del estado. Contrario a esto creo que la abstención civilista y la ley sin dobleces son los instrumentos legales que deben impedir que los delincuentes gobiernen el estado colombiano.

Por tanto la publicitada solidez de la democracia colombiana no es más que una colcha pútrida en donde se esconden, salvo honrosas excepciones, los delitos más execrables y los hampones más connotados. Todo ello avalado por un sistema educativo ultrareligioso, intolerante y medieval que se nutre de la voracidad de la corrupción y del beneplácito de una sociedad obnubilada por la guerra que pauperiza a la clase media y la vanidad que empodera a los empresarios y a los malhechores.

Esta democracia “sólida” que le ha intentado colocar a partir de un sórdido populismo penal un policía a cada criminal, todo el ejército nacional a diversas bandas de forajidos, multas onerosas y recompensas millonarias por transgredir o delatar, o una ley a cada conducta inapropiada de los ciudadanos, está acunando una tenebrosa empresa de corrupción que hace imposible que las leyes garanticen la convivencia pacifica a la población. Aterra decirlo: pero a más leyes, más ilegalidad.

En tal sentido la fuerza pública tiene tantas funciones que atender que terminan viendo con “normalidad” los delitos o las infracciones que deben combatir. Lo escuché en algún lado y no es un despropósito: las autoridades en Colombia de tanto ver delitos, de verlos en el día a día, ya no los ven… incorporan tristemente la criminalidad a la canasta laboral de sus actividades cotidianas y profesionales, y por supuesto, en cualquier instante, la connivencia que se deriva de tal costumbre los convierte en cómplices o beneficiarios directos de la acción delictiva. La debilidad educativa de las familias colombianas hace que en el mismo costal cohabiten la honestidad y la deshonestidad.

En este panorama desolador es un hecho que la norma social esté constantemente enfrentada a la norma legal. Las normas sociales surgen de acuerdos comunitarios aceptados por las mayorías que de una u otra manera deben estar sujetas o relacionadas con la legislación vigente. Sin embargo la regulación de toda norma social no le corresponde a las leyes de la república, sino a la férrea educación familiar que se debe propiciar  en los hogares.

En las últimas décadas los colombianos hemos visto crecer inexorablemente el presupuesto para las fuerzas armadas y para la rama judicial. A la par de este desangre a las finanzas publicas se han incrementado todas las formas de criminalidad, y la impunidad es la regla general para todos los delitos que se cometen. La falta de educación adecuada en el seno familiar arroja a los niños a los brazos de los ejércitos ilegales que delinquen en toda la geografía del país o los condena eternamente a convivir en la más humillante miseria. Lamentablemente las instituciones educativas no hacen parte del equipaje de sueños de estos jóvenes.

Creer que somos una democracia sólida o que somos un país de leyes son letanías propagandísticas que hacen parte de la publicidad embaucadora que el estado colombiano divulga por doquier. Seguimos siendo un país violento, porque violento es nuestro lenguaje. El golpe artero y el grito belicoso son nuestras formas de diálogo más efectivas. Multiplicamos y avalamos el castigo creyendo que este derivará en disciplina y respeto. Olvidamos cínicamente que la educación es la clave, y aunque cueste creerlo, educar sale más barato que maltratar.

Mucho más asequible y económico que judicializar, perseguir, capturar, multar, recompensar, encarcelar, condenar y reeducar colombianos que cruzaron las líneas poco visibles que dividen la legalidad de la ilegalidad.

Esa línea providencial se llama educación incluyente, pluralista, democrática, tolerante, laica, científica, gratuita, para todos y de calidad… de la cuna a la tumba, como decía el inolvidable Gabo.

Osmen Wiston Ospino Zárate
Pedagogo:Normal Marina Ariza Santiago
Licenciado en Administración Educativa: Universidad San Buenaventura
Especialista en Metodologías del Español y la literatura: Universidad de Pamplona
Especialista en Educación con enfasis en evaluación educativa:Universidad Santo Tomás.
Diplomado en Políticas educativas públicas: Universidad Pedagógica Nacional.

Diplomado en Investigación Socio-jurídica: Fundación Universitaria del Área Andina.

Diplomado en Docencia Universitaria: Convenio INFOTEP-Escuela de Minería de la Guajira – EMG

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