En junio de 2023, la Policía Nacional recibió una denuncia sobre el teniente coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, quien había sido el jefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez. La denuncia cuestionaba el aumento injustificado de su patrimonio en más de 5.000 millones de pesos. Se alegaba que este aumento estaba relacionado con actividades ilícitas en el puerto de Santa Marta, específicamente, el supuesto favorecimiento del paso de drogas y contrabando.
La Policía Nacional inició un proceso disciplinario y decidió excluir al teniente coronel Hurtado Bermúdez del listado de ascenso al grado de coronel. Esto resultó en su destitución. La vicepresidenta Márquez, quien tenía una relación de confianza con el oficial, protestó esta decisión y abogó por su reintegración.
Se descubrió que el teniente coronel Hurtado Bermúdez posee varios bienes, incluyendo lotes y apartamentos en diferentes ciudades, que en total suman 11 propiedades. La mayor cantidad de bienes se encuentra en Tuluá, donde figura un lote de 25 hectáreas adquirido en enero de 2021. Algunos documentos sugieren que este lote perteneció a una figura controvertida de los años ochenta vinculada al narcotráfico.
El oficial justificó el aumento de su patrimonio en una carta dirigida a la vicepresidenta Márquez, en la que afirmó que la mayoría de sus activos previos eran pasivos o deudas. Alegó que su patrimonio líquido ascendía a 1.262 millones de pesos. Estos hallazgos generaron interrogantes sobre la fuente de su enriquecimiento, dada su posición en la Policía Nacional, donde su salario mensual es de menos de 5 millones de pesos, o alrededor de 8 millones de pesos si se incluyen las prestaciones sociales.
Este caso plantea importantes preguntas sobre la integridad y la conducta de los oficiales de la Policía y ha generado controversia en torno a la posible implicación en actividades ilegales de un alto rango de la institución.
