Una situación crítica amenaza a los residentes de la urbanización Lorenzo Morales Epata II, en Valledupar, donde más de 300 propietarios podrían enfrentar el embargo de sus apartamentos debido a deudas acumuladas en los pagos mensuales de la administración. El administrador del lugar, Didier Mejía, advierte sobre la urgencia de resolver este problema para evitar consecuencias legales.
Según Mejía, de los 560 apartamentos en la urbanización, solo 250 están ocupados por sus propietarios originales, mientras que 310 han sido arrendados y presentan morosidad en los pagos. Se insta a los propietarios a acercarse a la oficina de la urbanización en una semana para negociar acuerdos de pago y evitar el riesgo de embargos, respaldados por la Ley 675 de Propiedad Horizontal.
El pago mensual cubre servicios esenciales como energía para la hidrobomba, que suministra agua en la urbanización, y contribuciones a empresas como Afinia. Además, se destinan fondos para la seguridad con una deuda acumulada de $5 millones, destinada a pagar a los vigilantes.
La urbanización, entregada gratuitamente en 2014 por el Ministerio de Vivienda, debe ser habitada por beneficiarios durante cierto tiempo antes de ser arrendada o vendida. Sin embargo, la modificación de la Ley 2079 redujo este período a cinco años, generando tensiones financieras y de deuda dentro de la comunidad.
José Guillermo Díaz, copropietario, insta a los morosos a cumplir con sus obligaciones financieras para evitar la crisis económica que afecta al conjunto. Por otro lado, algunos habitantes deudores señalan desafíos de empleo y salud, expresando acuerdo con las acciones de la administración para abordar la situación.
El administrador sugiere la posibilidad de que la constructora que realizó el proyecto adquiera los apartamentos como una alternativa para salvar la situación financiera de la urbanización. La administración municipal también es llamada a intervenir y tomar medidas para mitigar el impacto de la crisis.
