La Procuraduría Provincial de este municipio le recomendó a la Alcaldía de Valledupar que suspenda la Licitación Pública LP-SGR-002-2022, cuyo contrato tiene como objetivo suministrar alimentación complementaria a la población adulto mayor para la vigencia 2022, debido a unos posibles vicios en el proceso.
El ente hace la recomendación en medio de una “actuación preventiva” con el ánimo que la administración municipal de unas respuestas concretas sobre la licitación. Esto se da luego que la veedora ciudadana Ninelly Rojas Londoño, a través de la Veeduría Ciudadana Amiga por la Defensa de la Público, le solicitara al organismo de control que le echara lupa a este proceso que dejaría un supuesto manto de dudas con respecto a cómo está elaborado el pliego de condiciones.
Según la solicitud enviada por la veedora a la Procuraduría, “en la elaboración de las condiciones de experiencias exigidas deja entrever una confección de tallas y medidas que solo cumpliría el oferente que se ganó las licitaciones en las anualidades del 2020 y 2021 en el municipio de Valledupar”, que es la Fundación Semillas.
Una de las razones radica en que en la evaluación técnica y económica la Alcaldía hizo una exigencia sobre el recurso humano del contratista y es el perfil profesional que debe tener el Director General. Por ejemplo, es necesario que esta persona acredite un título en el área de Ciencias Sociales, con una Maestría de Derecho Público.
A la Procuraduría le pareció razonable el argumento de la quejosa, pues para Rojas “la gama de maestrías en derecho es un universo amplio” y podrían caber maestrías en Derecho, Derecho administrativo y Contratación.
Por otro lado, solicita que se publique el proyecto de inversión del proceso que fue priorizado y permanece en el banco de proyectos de la Alcaldía y también le pide a la Administración municipal que explique por qué se establecieron los términos en corto tiempo “entre la publicación del pliego de condiciones y el término para hacer la observación a estos, siendo que para la apertura del proceso la entidad se tomó más de 16 días con respecto a la fecha prevista inicialmente”.
Ante esto, la Procuraduría Provincial explicó que si bien es cierto la Alcaldía de Valledupar tiene un alto grado de autonomía para construir pliegos de peticiones, “también está sujeta a adecuar a su conducta en un todo a los dictados del principio de la buena fe”.
En una respuesta que le había dado la Alcaldía a la veedora sobre el perfil profesional, la administración contestó que el requisito atiende a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 y si se hace un análisis se refleja que hay una proporcionalidad en cuanto al objeto del contrato y la complejidad que tiene, pues se atenderá a una población especial.
