Luego de que el Tribunal Administrativo del departamento del Cesar, fallara una acción de tutela en favor de municipios mineros afectados por la decisión de la empresa Prodeco de entregar al gobierno nacional los títulos mineros en esta zona del país, siguen las preocupaciones por la demora en el cumplimiento de dichos compromisos.
La acción de tutela, obligaba la instalación de una mesa de participación de la que deben hacer parte 14 comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, sindicatos, y victimas de sociedad civil del corredor minero.
En dicha mesa de participación, se viene discutiendo los compromisos asumidos por la empresa Prodeco, en materia ambiental y sociales, que son vitales para que la multinacional abandone los proyectos mineros.
No obstante, de acuerdo con las comunidades que impetraron la acción de tutela, han expresado su inconformidad y preocupación, porque el fallo del Tribunal Administrativo estableció que la autoridad ambiental ANLA, no estará mediando en dicho proceso.
En consideración de la comunidad, el fallo deja en manos de Prodeco el liderazgo de las mesas de concertación, y deja a las comunidades accionantes, en las mismas condiciones de vulnerabilidad que siempre han estado.
Hilda Arrieta, quien es una de las accionantes de la tutela, dijo que no entiende el por qué en el fallo sacaron al ANLA de este proceso de seguimiento a los compromisos. “Yo creo que hoy en día el Gobierno Nacional no está vulnerando el derecho que le estamos reclamando” dijo la lideresa de El Paso.
Advirtió que Prodeco cerró sin cumplir los compromisos con la comunidad. “ Prodeco no se puede ir dejando a cinco mil personas sin cumplir” indicó Arrieta, quien exigió a la empresa que explique las razones por las cuales abandonó su actividad minera.
Los accionantes de la tutela, pidieron al gobierno de Gustavo Petro, que les garantice la presencia de la ANLA en el proceso para que la empresa Prodeco cumpla con sus compromisos.
