Valledupar, febrero 23 de 2024.
En una decisión que dará mucho de qué hablar en las próximas horas, la Mesa Directiva del Concejo Municipal ha revocado de manera directa la Resolución No. 043 de 1 de agosto de 2023 y todos los actos y actuaciones administrativas derivadas de la misma. Esta decisión, tomada el 19 de febrero de 2024, se fundamenta en las facultades constitucionales y legales de la Mesa Directiva, en particular en el artículo 313 de la Constitución Política y en el Reglamento Interno Acuerdo 005 de 2021.
Se trata de la revocatoria al proceso de elección del Personero de Valledupar, que de acuerdo con el Concejo, se produce tras detectarse diversas irregularidades en dicha elección. Entre ellas, se destaca la exclusión de una participante del concurso de manera cuestionable, así como decisiones administrativas que no cumplieron con los estándares mínimos de transparencia y legalidad exigidos. Estas acciones no solo contravienen los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, sino que también ponen en entredicho la integridad del proceso electoral según indicó la corporación.
La revocatoria directa busca restablecer el orden constitucional y legal, garantizando la legalidad, transparencia y equidad en el proceso de elección del Personero Municipal. Como parte de esta medida, se ha ordenado la notificación de la decisión al Procurador Regional de Instrucción Cesar, a la Universidad del Magdalena y a todos los participantes del concurso. Además, se ha dispuesto la publicación de la resolución en la página web del Concejo Municipal de Valledupar.
Es importante destacar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011, contra esta decisión no procede recurso alguno. La resolución entra en vigencia a partir de su publicación, realizada el 19 de febrero de 2024, en esta capital.
Con esta medida, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Valledupar pretender enviar un mensaje de que está reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la democracia, asegurando que los procesos electorales se lleven a cabo conforme a la legislación vigente y garantizando la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
