Valledupar, marzo 18 de 2024
En lo que va de 2024, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha procesado más de 100 solicitudes de restitución en el corredor minero del Cesar. Estos trámites corresponden a reclamaciones de víctimas de despojo y/o abandono forzado en las comunidades campesinas de Mechoacán y El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, uno de los más afectados por el conflicto armado en Colombia.
La Dirección Territorial Cesar-La Guajira de la URT ha asumido con interés prioritario estos casos, en línea con los lineamientos del Gobierno del Cambio, que prioriza el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Desde la llegada del presidente Petro, se ha reimpulsado la labor de la entidad en el corredor minero del departamento, marcando un cambio significativo en la atención a estas comunidades.
Anteriormente, estos casos emblemáticos de reclamación de tierras no recibían la debida atención, lo que resultaba en decisiones negativas para las víctimas. Sin embargo, con el nuevo modelo de gobierno, se ha eliminado la dependencia con la política extractivista y se ha centrado el interés en las víctimas y sus reclamos de restitución.
Un ejemplo destacado es la atención prioritaria que la URT ha dado al campesinado reclamante de las parcelaciones Mechoacán y El Prado. En menos de dos meses, se han logrado importantes avances en estos casos, apostando por la justicia a través del proceso de restitución de tierras en ruta individual.
Astrid Navarro, directora territorial de la URT para los departamentos de Cesar y La Guajira, señaló que las parcelaciones de Mechoacán y El Prado fueron abandonadas forzosamente desde el año 2002, debido a la violencia generada por el conflicto armado. En la actualidad, la gestión de la URT en esta zona se mueve a pasos acelerados en la etapa administrativa, siendo casos de mucha importancia para la dirección territorial.
Estos avances también responden al acuerdo entre la URT y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para garantizar la verdad, la justicia y la no repetición de la violencia en los territorios. En línea con este pacto, la URT Cesar – La Guajira adelanta una intensa gestión en la etapa administrativa, retomando casos como los de Mechoacán y El Prado.
El desarrollo en el cumplimiento misional va de la mano con la priorización en la gestión catastral por parte de la entidad, que avanzó notoriamente en cifras de georreferenciación, con un total de 105 procedimientos para el soporte de los insumos requeridos en una posible inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Los equipos social, catastral y judicial en etapa administrativa de la URT demuestran un compromiso férreo con los intereses de las víctimas del conflicto armado, quienes siguen llegando con nuevas solicitudes, evidenciando un trato diferente. Así, la entidad contribuye de forma efectiva a la justicia en favor de las víctimas en Colombia, consolidando su desarrollo como parte fundamental del Gobierno del Cambio.
