Dentro del entramado de corrupción orquestado por directivos de Odebrecht para entregar sobornos en Colombia por más de 80 mil millones de pesos, con el fin de lograr la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a 22 personas más dentro del proceso, entre los que se encuentran directivos de la empresa brasileña, lobistas, contratistas y particulares.
La información revelada por la Fiscalía da cuenta de un grupo de contratistas citados a imputación, entre los que se encuentra el exalcalde de Gamarra, Gabriel Alberto Giraldo Escudero, y su hermano Jaime Helí Giraldo Escudero, quienes, afirma el organismo, intervinieron en la Compañía Midas S.A., para el pago de sobornos.
El informe que entrega el órgano investigador señala que a través de la empresa Midas S.A.S., de propiedad de Lina María Bermúdez Aljuri y Diego José Mantilla Velásquez, imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, se entregó dinero a terceros por disposición de los directivos de Odebrecht.
Igualmente, están involucrados y se formularon cargos contra los representantes legales de la empresa Midas S.A.S., Wilson Ruiz Tello y Carlos Emilio Abuabara Vega, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y falsedad ideológica en documento privado, porque habrían suscrito dos contratos por valor de 3 mil 931 millones de pesos. “De ese contrato se habrían direccionado 2 mil millones de pesos al lobista Otto Bula. Además, los antes mencionados habrían tomado para cada uno, 260 millones de pesos del total de los contratos.
Como se recuerda, la multinacional brasileña Odebrecht suscribió el contrato de concesión Proyecto Ruta del Sol, sector II, el 14 de enero de 2010 por valor de 2 billones de pesos, cuyo objeto era la construcción y concesión de 528 kilómetros que comunicarían el centro y norte del país. En el Cesar, la Ruta del Sol II cruzaba los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Pelaya, Pailitas y San Roque, corregimiento de Curumaní. De acuerdo con la Fiscalía, el pago de sobornos por esta adjudicación alcanzó los 11 mil 493 millones de pesos.
