Valledupar. La comunidad wiwa, es consiente que el  caso de miembro de esa etnia que mató a su hijastra el fin de semana, debe ser manejado por la justicia ordinaria y no la tradicional.   Así lo afirmó Edilma Loperena, líder de esta etnia, al señalar que también ahora se investiga las causas de la muerte de otro hijo de Yonier Loperena Torres, quien es el victimario.

La dramática situación vivida en la comunidad Wiwa en el departamento de La Guajira, donde una menor de cinco años fue asesinada, ha conmocionado a todos. Edilma Loperena, líder de la comunidad Wiwa, en entrevista con Radio Guatapuri la mañana de este martes, enfatizó en la necesidad de que este caso sea tratado por la justicia ordinaria.

Loperena reveló detalles inquietantes sobre Yonier Loperena Torres, el hombre acusado del asesinato. «Él estaba viviendo en la comunidad inicialmente de Tuhamaca», comentó, y agregó que Yonier se había trasladado a la comunidad del Barcino donde comenzó una relación con una mujer Arhuaca. Ella tenía tres hijos, siendo Bernardina, la víctima, la segunda de ellos.

La líder Wiwa señaló que las circunstancias que rodean la muerte del otro hijo de Yonier aún están bajo investigación. «Estamos averiguando el por qué falleció uno de los niños«, dijo, indicando que las causas aún son inciertas.

El trágico evento del 26 de diciembre pasado  fue reportado a las autoridades por la comunidad indígena. Loperena describió cómo la comunidad se movilizó para recuperar el cuerpo de la niña y llevarlo a las autoridades competentes. «Fue cuando él – Yobier –  decidió apoyar  para traer el cuerpo hasta medicina legal», indicó.

Según Loperena, el victimario confesó cómo cometió el crimen. «La tomó por el cabello y comenzó a golpearla y arrastrarla«, relató, describiendo el estado en que encontraron el cuerpo de la niña. «La cabeza de la niña quedó como un rompecabezas», dijo, destacando la brutalidad del acto.

Finalmente, Loperena enfatizó la postura de la comunidad frente a este acto de violencia. «Reprochamos este hecho y por eso exigimos justicia», afirmó, insistiendo en que el caso debe ser manejado por la justicia ordinaria. «Somos muy pacíficos y por eso decidimos que se haga la justicia que tiene que hacer», concluyó, marcando un precedente claro en la postura de la comunidad frente a actos de violencia extrema.

El caso, que ha sacudido a la comunidad indígena y la opinión pública, sigue siendo objeto de investigación y debate, especialmente en lo que respecta a la interacción entre la justicia ordinaria y las costumbres indígenas en casos de crímenes graves.

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