Recientemente en Bogotá fue aprobada la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, luego de debate en el Concejo en el que se estableció las competencias de ese despacho, el presupuesto y el personal que haría parte de la nueva sectorial, en una ciudad con cerca de 10 millones de habitantes y problemas críticos en la materia.
El coautor y ponente de esa iniciativa en la corporación capitalina fue el concejal de Centro Democrático Daniel Palacios Martínez, nieto de ex contralor de la República Aníbal Martínez Zuleta, quien por estos días, recibió reconocimiento en Valledupar por parte de la Gobernación del Cesar.
A su paso por la capital del Cesar, el político que ya se destaca en su primer periodo en el Concejo de Bogotá, compartió sus opiniones con los medios de comunicación acerca de la seguridad de la capital del país, de la Policía Nacional y de la inseguridad en Valledupar.
La secretaría que Palacios Martínez acaba de gestar junto a sus colegas del Concejo en Bogotá, nace con un presupuesto de 1.6 billones de pesos para el cuatrienio y tendrá cerca de 750 servidores.
“Ya tenemos unos resultados muy importantes en reducción de todos los delitos con excepción de lesiones personales, y en ese sentido nos hemos apropiado del tema de tener una ciudad segura porque creemos que una ciudad segura es una ciudad en donde se puede disfrutar de todo lo demás”, aseguró el joven político con maestría en Gobierno con énfasis en defensa y seguridad nacional, realizada en Harvard.
La articulación financiera, diseño y canalización de estrategias de seguridad e incentivos para la policía de vigilancia (Plan Cuadrantes), son algunas de las iniciativas ya aprobadas que fueron elaboradas por Palacios Mejía. “Yo creo que hoy en Colombia, todas las ciudades están evidenciando que el problema más grande es la seguridad urbana y en ese sentido tenemos que profesionalizar la seguridad y vamos a necesitar que los civiles asuman un compromiso grande con la seguridad, esto no es tema de la Nación, esto deben asumirlo los alcaldes, gobernadores, concejos y asambleas”, agregó.
Según Palacios Martínez, los mandatarios están ignorando una facultad que da la Ley 4 de 1994 o Ley de Orden Público, para poder tomar decisiones drásticas en materia de seguridad. “Esta ley faculta a alcaldes y gobernadores para pedirle a la Policía Nacional mayor pie de fuerza, financiarlo; en Bogotá dejamos por ejemplo, una financiación de 2000 policías en el Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el déficit de la capital: la ciudad pagará 81 mil millones de pesos que llevaran a la incorporación de estos policías, que permanecerán durante 10 años en Bogotá”, afirmó.
Estos enormes recursos son por supuesto manejables en una ciudad con más de 18 billones de pesos de presupuesto aprobado para 2017; Valledupar tienen aprobados menos de 800 mil millones de pesos para el próximo año y esta es la cifra más alta hasta ahora conseguida en el Municipio. ¿Puede Valledupar, teniendo en cuenta las justas proporciones económicas y la Ley 550, tener una Secretaría de Seguridad?, esta iniciativa se le escuchó en el recinto de la Asamblea Departamental del Cesar a la Representante a la Cámara, Tatiana Cabello; también con raíces vallenatas y política del Centro Democrático.
“En Bogotá se incrementará pie de fuerza para actividades como Vigilancia por cuadrantes, como también Inteligencia, policía judicial y de infancia y adolescencia, que es lo que más se necesita, eso se puede replicar en ciudades como Valledupar y otras del Departamento. El pie de fuerza en la gran mayoría de las ciudades es insuficiente para combatir la ola criminal que estamos viviendo en el país”, concluyó el concejal.
