Valledupar, marzo 18 de 2024
La Defensoría del Pueblo en el Cesar ha tomado medidas inmediatas para proteger a la Directora de la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Valledupar, quien ha sido objeto de amenazas por parte de un interno conocido como alias Satanás, así como a los miembros de la Guardia del Inpec. La situación ha generado gran preocupación en la institución, que considera inaceptable este tipo de intimidaciones que ponen en riesgo la integridad de quienes cumplen con su deber de custodia y vigilancia en el establecimiento.
En una entrevista con José Hernández, Defensor del Pueblo, se abordaron temas relacionados con la alerta temprana debido a los homicidios selectivos registrados en Valledupar y Chiriguaná. Hernández destacó la importancia de adoptar medidas efectivas para mitigar la violencia en la región y señaló que, a pesar de las advertencias y recomendaciones emitidas por la Defensoría en mesas de trabajo y audiencias públicas, las entidades no han cumplido cabalmente con las medidas propuestas.
«Es inocultable el sistema de seguridad que está viviendo en estos momentos el municipio, a cuenta de la violencia generalizada que existe. Nosotros, en esa audiencia pública, pusimos en conocimiento a las entidades que debían cumplir con las medidas, recomendaciones, advertencias que nosotros le hicimos a cada una de las entidades concernidas para efectos de que cumplan con esas medidas y de esa manera aminorar, mitigar el riesgo que existe en este momento», expresó Hernández.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha activado una ruta de protección para garantizar la seguridad de la Directora de la Tramacúa y demás funcionarios amenazados, con el objetivo de que puedan cumplir con su deber sin temor a represalias. Hernández hizo un llamado a tomar medidas efectivas para reducir la violencia en la región y a brindar las garantías necesarias a quienes están en riesgo.
«Pues para nosotros resulta lamentable que estas situaciones ocurran. No se puede amenazar a la institucionalidad de esa forma en cumplimiento de un deber. En el caso de la directora que simplemente cumple con el deber de custodia, de vigilancia frente a las personas que se encuentran allí recluidas», agregó Hernández.
La Defensoría del Pueblo continuará vigilante y trabajando en conjunto con las autoridades pertinentes para garantizar la protección de los derechos humanos en la región.
