El retorno a las aulas bajo el modelo de alternancia no garantiza la educación inclusiva en el municipio de Valledupar, esto se debe a que no se cumplen los decretos estipulados en la ley cómo el 1421 del 2017 que vela por la educación de la población en condición de discapacidad, sumándole que las adecuaciones en planteles educativos públicos y privados no es el adecuado para su proceso de aprendizaje.
“Encontramos un colegio sin rampas, un colegio que los baños no tienen las medidas sanitarias para esta población, encontramos colegios sin el Sistema Braille que es el sistema para que una persona con discapacidad visual se pueda dirigir por los diferentes espacios de la institución, encontramos colegios con zonas recreativas con difícil acceso” dijo Harlinson Quintero, Fonoaudiólogo, al analizar la educación inclusiva en el municipio.
Agregó que los docentes encargados de los procesos de formación necesitan colaboración por parte de psicólogos, fonólogos, terapista ocupacional y demás competencias que les permitan reforzar la educación y brindar grandes resultados.
La ley 1618 del 2013 es la que le compete a toda la población en condición de discapacidad, habla de sus derechos en ámbito educativo, social, familiar y laboral, pero existen artículos puntuales como el 2335221 que habla sobre los recursos que ofrece el gobierno para financiar la educación, el 2335222 que habla del sistema general de participación, el 2335231 que compromete a la educación del sector privado a que garanticen los recursos y los ajustes razonables para atender a los estudiantes con discapacidad, entre otros artículos que no son cumplidos.
En estos tiempos es de suma importancia que el Gobierno Nacional garantice el acceso a la educación y facilite herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades y lleven un mejor proceso de formación.
