Valledupar, marzo 4 de 2024.

La Contralora municipal de Valledupar, Angélica Olarte, anunció la mañana de este lunes, la radicación de un derecho de petición ante la empresa Afinia, encargada del recaudo del impuesto de alumbrado público en la ciudad. Esta solicitud de información se enmarca en una acción conjunta de las Contralorías municipales de varios departamentos de la Costa Caribe, incluyendo Cesar, Sucre, Córdoba, Bolívar, Magdalena, Atlántico y La Guajira.

«Estamos solicitando a Afinia información detallada sobre el uso de los recursos del impuesto de alumbrado público, especialmente en lo relacionado con las inversiones para mejorar la infraestructura eléctrica en la región», explicó Olarte que. «Queremos verificar si las inversiones autorizadas a través de la resolución 010 del 2020, emitida por la CREG, se han realizado efectivamente y si han contribuido a mejorar el servicio eléctrico en nuestra región», agregó.

El objetivo principal de esta solicitud es determinar si Afinia ha cumplido con las inversiones requeridas para mejorar la infraestructura eléctrica, ya que el artículo 318 del Plan de Desarrollo del Presidente Duque permite utilizar los recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras para este fin sin alterar las tarifas. Según la Contralora, las tarifas de energía en la región Caribe son considerablemente más altas que en otras partes del país, lo que podría estar violando el principio constitucional de igual

La Contralora municipal también destacó que, si se detectan irregularidades en el manejo de los recursos del impuesto de alumbrado público, podrían compulsar copias a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. «Estamos ejerciendo nuestro control fiscal y de legalidad para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente y en beneficio de la comunidad», afirmó Olarte.

Los términos de ley para obtener respuesta de Afinia son de 15 días, aunque la empresa podría solicitar hasta 7 días más por la complejidad de la información requerida. Las Contralorías de la Costa Caribe esperan obtener resultados positivos antes de que finalice el año, y están dispuestas a tomar medidas cautelares preventivas si se detectan irregularidades en el uso de los recursos del impuesto de alumbrado público.

Esta acción conjunta de las Contralorías municipales de la Costa Caribe busca garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

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