Inconforme y desesperada se encuentra Amanda Ospino, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Don Alberto, quien asegura que por “negligencia” de las empresas de servicios públicos de Valledupar, está a punto de perder los recursos del convenio solidario con la Gobernación del Cesar, al que se postuló para ejecutar obras en su sector.
Según explicó Ospino, su molestia radica en que estas entidades no le han entregado la certificación exigida por el Gobierno Departamental para poder proceder en la ejecución del proyecto. En el caso de Gases del Caribe, asegura estar esperando el documento desde hace 20 días hábiles y pero aún no llega; mientras que Emdupar le negó el permiso.
“En mi caso yo clasifiqué para el mejoramiento de andenes, esa obra es reparchar, no es de cavar, ni nada, porque 50 millones no nos va a dar para mucho. Pero Emdupar se ha dado el lujo de negarnos la certificación, imagínese usted. Contestó que no estaban de acuerdo con esa adecuación porque por ahí pasaba el acueducto; si les estamos especificando que uno no va a tocar el acueducto y en caso que lo tocara quien va a responder es la JAC, el representante legal, porque están los recursos y una póliza”, explicó enojada la líder.
Así como Don Alberto, al parecer 25 juntas más están pasando por la misma situación, como es el caso de Las Marías, donde la presidenta Rubiela Gutiérrez, está cansada de acudir a la empresa Gases del Caribe a solicitar este permiso, pero no ha obtenido respuesta ni positiva ni negativa.
Amanda Ospino cuestionó también al Gobierno Departamental por no tener un enlace con esta empresas, y así facilitar la entrega de este tipo de documentación exigida para dicha convocatoria, la cual tiene plazo de vencimiento este viernes 2 de junio.
“El municipio ha sido una cosa terrible, a ellos no les interesa que los barrios que son de bajos recursos se beneficien con obras que debieron haber hecho ellos y tampoco nos colaboran para que las cosas se nos den”, puntualizó.
